Las comunidades de energías renovables son un nuevo modelo de producción descentralizada de energía que ha ido creciendo en Europa como parte de las estrategias de mitigación del cambio climático y de transición hacia sistemas energéticos más sostenibles (Dóci et al. 2015, Lode et al. 2022). Impulsadas primero por la política europea y luego por la transposición de la legislación a nivel nacional en los distintos países, se consideran “una forma eficiente de gestionar la energía a nivel comunitario, consumiendo la electricidad que producen directamente para energía o para calefacción y refrigeración, con o sin conexión a los sistemas de distribución” (Directiva COM(2016)864).
En términos generales, basándonos en los estudios de casos, podemos decir que las comunidades energéticas en ambos los países de la Península Ibérica enfrentan retos similares: medidas políticas tardías y escasamente reguladas, problemas de financiación, dificultades técnicas, baja participación ciudadana y dependencia de liderazgos carismáticos. En muchos casos es necesaria la intervención de agentes externos para la constitución y funcionamiento de las comunidades: científicos, autoridades municipales, empresas, cooperativas.
En los entornos rurales despoblados y vulnerables, las comunidades energéticas pueden ser un catalizador para revitalizar el tejido social y económico de esas regiones, contribuyendo a un desarrollo rural más sostenible. Tienen por base colectividades ya existentes y promocionan también proyectos sociales y culturares. Sin embargo, caben destacar dos aspectos que parcialmente lastran la potencialidad social de estas comunidades en entornos rurales: (i) el carácter foráneo y de conocimiento experto que en ocasiones caracteriza las colectividades que inician y dinamizan los proyectos de comunidades energéticas. (ii) Un excesivo control y dependencia, al menos inicial, respecto estos grupos dinamizadores en la gestión de las comunidades energéticas.
En los entornos urbanos, en particular en barrios con vulnerabilidad socio-habitacional como Torreblanca y Asprela, la citada dependencia de intervención de arriba abajo es aún más evidente. Los vecinos tienen pocas oportunidades de participación en la toma de decisiones. Las comunidades energéticas pueden ayudar a minorar la pobreza energética, pero la democratización de la energía y la gobernanza de su gestión está aún muy lejos.
Un elemento común a estos proyectos es, de forma inesperada, la participación de comunidades educativas. A lo mejor, puede que sea en las generaciones futuras cuando el impacto de la transición energética basada en la comunidad sea más visible.
También es importante destacar el papel de las mujeres en el desarrollo de las comunidades energéticas. Una oportunidad que acrecienta procesos de gobernanza de género, convirtiéndolas en agentes activos transformadoras de sus comunidades y territorios, en el camino que conduce a la inclusión y la sostenibilidad energética. Además, las comunidades energéticas se constituyen como herramienta para paliar la pobreza energética, una situación que afecta en mayor medida a las mujeres.
