La Mesa 1. Conversaciones se desarrolló como primera actividad del “Seminario sobre Transición Energética en la Península Ibérica”. En este espacio intervinieron las y los miembros del equipo para exponer los hallazgos, resultados preliminares y avances de la investigación. Además, se propició un espacio para el intercambio de ideas con las y los asistentes al seminario.

Con miras a articular la investigación con el proceso de transición al que actualmente asistimos, dentro de la nueva hoja de ruta de la política energética adoptada desde 2015 por la Unión Europea en el Acuerdo de Paris, el proyecto STEP establece su triple hipótesis:

1. La factibilidad de la transición energética está condicionada por una correcta inserción territorial.
2. La acción colectiva puede superar la exclusión energética e influir en las condiciones estructurales de esta transición. 
3. El éxito de la energía distribuida en la Península Ibérica resultará de la coparticipación de grupos ciudadanos, cooperativas y empresas eléctricas.

Como se evidencia, la investigación busca el análisis de la situación actual en la Península para generar una propuesta de planificación territorial mediada por la innovación social e innovación territorial a partir de instrumentos metodológicos validados con un marcado carácter interdisciplinar. El abordaje de la investigación infiere en la inserción territorial (mecanismos, procesos e impactos), la acción colectiva (organización social), y energía distribuida desde la coparticipación (intervención múltiples actores).  

Desde esta perspectiva se trataron las siguientes temáticas para el desarrollo discursivo de cada intervención:

• la comparativa entre la situación actual de España y Portugal sobre la implantación de proyectos basados en generación de energía a partir de fuentes renovables;
• los potenciales impactos medioambientales y en el paisaje provocados por la promoción de macro proyectos que utilizan energías renovables (eólica y fotovoltaica);
• las metodologías utilizadas en el proyecto para el abordaje de los diferentes casos revisados;
• la expectativa de potencia instalada según la planificación nacional frente a la rentabilidad y sostenibilidad;
• el paso hacia modelos de producción descentralizada para mitigación del cambio climático;
• la creación en la normativa de las Comunidades Energéticas y su aplicación en las experiencias estudiadas;
• la implementación de la perspectiva de género en la creación y funcionamiento de una Comunidad Energética;

Es así que los aportes compartidos por las y los ponentes guardan un discurso centrado en revisar cada uno de los puntos propuestos e incluir sus perspectivas.

A continuación, se sintetiza el discurso durante la actividad del equipo para explorar todas las problemáticas tratadas y respondidas en el espacio; no sin antes mencionar que las intervenciones aportaron más y muy variados elementos a la reflexión sobre la transición, pero que para la presente síntesis nos centraremos en la línea discursiva antes expuesta.  

Conforme a la implantación de macro proyectos de generación eléctrica, la Dra. Ana Delicado expone el “…desarrollo muy rápido e intenso de las energías renovables…” que naturalmente siguen las directivas europeas y nacionales para estos años (recordemos los objetivos hacia 2030 y 2050), pero, añade, desde su mirada crítica, la condición de los intereses empresarial y gubernamental centrados en la inversión de capitales en esta transición.

En ese contexto, cabe plantear interrogantes para discernir acerca de la finalidad por promocionar estos proyectos con los objetivos de descarbonización y mitigación de la crisis climática que se esperan hasta 2050, o una mera forma de sustitución de los modelos energéticos centralizados y con base en recursos no-renovables que reproducen la misma lógica de generación eléctrica no-sostenible ni con el medio ambiente, ni con la economía de las poblaciones. La consideración expuesta por la Dra. Delicado precisa enfocarse en los impactos que generan los macro proyectos, sobre todo a nivel social por ejemplo en los ámbitos organizativos y productivos de las poblaciones locales.

Para ampliar la noción de impactos de los macro proyectos, las acotaciones de la Dra. Mariángeles Barral Muñoz revisan los procesos de evaluación ambiental y sus metodologías desde la perspectiva visual y del paisaje. La construcción de infraestructura, sea de una planta de paneles solares o una instalación aerogeneradores, a parte de todos los beneficios en términos de eficiencia para la producción energética mediante las llamadas energías limpias, tendrán un impacto territorial por ocupación del espacio.

Y, si bien las normativas actuales para Evaluación Ambiental (ordinaria o simplificada) permiten el desarrollo de estos proyectos, una vez cumplidas las reglamentaciones ambientales –lo que implica procedimientos para mitigación de impactos identificados-, existen más consideraciones sobre la evaluación además de la simple “relación binaria” sobre si es visible o no desde un área circundante. Entonces, la necesidad por implementar nuevos mecanismos de evaluación es pertinente para obtener un diagnóstico real sobre los impactos en el paisaje.

Por otro lado, el Dr. Ramón García Marín también reflexionó frente a los impactos generados por ocupación y uso de suelo en la implantación de los macro proyectos. Si bien son construidos en tipos de suelo específicos por normativa, la ocurrencia de conflictos en los que la población local presenta un descontento magnificado porque se producen impactos directos a sus actividades productivas: como la agricultura o el regadío. En otros casos, los impactos son directos desde la utilización de grandes porciones de terreno, la especulación del costo de los terrenos, la desarticulación de las actividades productivas tradicionales, entre otras consideraciones. Frente a esta utilización del suelo, algunas CC.AA. decretan restricciones en su ordenación jurídico-territorial, principalmente al no dar paso a la aprobación de estos proyectos desde la evaluación ambiental. Sin embargo, en la mayor parte de comunidades no se toman en cuenta estos criterios.

Los impactos también están presentes en la organización socio-económica de las poblaciones cercanas a los macro proyectos, y muchas veces no tienen medidas dentro de los planes de mitigación de impactos.

Volviendo el discurso por el cumplimiento de la hoja de ruta, se genera una expectativa sobre el cumplimiento de objetivos y metas en las directivas sobre la energía eléctrica contenida en documentos de planificación como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 en dónde ya se establecen cifras a cumplirse para la potencia instalada. Se prevé la producción de más de 200.000 MW para 20230, con más de 70.000 MW solamente con energía solar fotovoltaica.

De la mano con cumplir estos objetivos, estamos asistiendo a un cambio de modelo en la generación: de la energía centralizada a la energía distribuida. Este proceso de transición vincula a las poblaciones locales como consumidores pero también como productores. Así es como desde las normativas se ha regulado la conformación de Comunidades Energéticas, tal como acotó la Dra. Marta Pallarès Blanch con la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018, cuya participación es fundamental para establecer condiciones democráticas en la producción energética desde la compartición de recursos y el autoconsumo.

Se destaca que las formas de organización social desde Comunidades Ciudadanas de Energía (CCE) y Comunidades de Energía Renovable (CER), establecidas por el Consejo Europeo, agregan un eslabón diferenciado a la cadena de la producción de energía, ya no en macro proyectos, sino en instalaciones locales para generación eléctrica, que pueden ser urbanas o rurales.

La Dra. Ana Delicado señala que, si bien existen los lineamientos normativos para definir este tipo específico de organización, además de regular las actividades y promover su conformación, los retos a los que se enfrentan son de carácter burocrático, financiero, de vinculación poblacional –entre vecinas y vecinos-, o por falta de apoyo desde la administración pública.  Para detallar esta condición expone el estudio de casos realizado en CER de Portugal donde priman la competencia con el sector empresarial energético que promueven la creación de estas comunidades pero con ánimo de lucro y sin la participación ciudadana; algo que también ha mencionado el Dr. García Marín al momento de referir los impactos territoriales. La participación y vinculación ciudadana, como actores/gestores de la transición es sumamente necesaria para lograr un proceso justo e inclusivo.

En cuanto a la equidad de género en las Comunidades Energéticas (CE), que es una parte del proyecto de investigación, la Dra. Pallarès Blanch avanzó que ello depende del compromiso social que tengan los miembros y muy especialmente la persona líder con la igualdad de género, dado que no hay exigencias formales de cuotas de participación. Aunque son entornos más inclusivos que organizaciones tradicionales, persisten barreras significativas para las mujeres. En primer lugar se trata de un sector económico muy masculinizado, dado que sólo el 22% de las mujeres trabaja en el sector energético, con una presencia ligeramente superior en renovables (32%) según datos de IRENA de 2018. Los trabajos STEM en el sector son ocupados mayoritariamente por varones (72%) (IRENA, 2018). En segundo lugar se identifica una manifiesta dificultad para la conciliación laboral, familiar y de vida privada. Dada la falta de co-responsabilidad entre sexos en los cuidados de la familia y el hogar, las mujeres disponen de menos tiempo para la participación y liderazgo en las comunidades energéticas. En tercer lugar, las mujeres que quieren participar o liderar CE se enfrentan a actitudes sexistas, basadas en estereotipos que invalidan las mujeres en entornos técnicos aún muy masculinizados, especialmente en zonas rurales, y que dificultan su integración y empoderamiento en las CE. Estas barreras limitan la participación de las mujeres y refuerzan las desigualdades de género en el sector energético.

De forma general, las reflexiones compartidas en la Mesa posicionan la labor científico investigativa que está realizando el equipo STEP por incorporar al debate de la Transición Energética los ámbitos territoriales y sociales desde dónde se generan problemáticas. Sobre todo, la reflexión que ha tenido la Dra. Carolina del Valle Ramos (moderadora de la mesa) apunta a que “El proyecto STEP ha puesto en valor la innovación social y la planificación territorial como medios para seguir avanzando hacia la transición energética. Los resultados obtenidos hasta ahora permiten evaluar la efectividad de los procesos emergentes y diseñar nuevas metodologías para el análisis tanto de impactos territoriales como sociales”.